Comienza el debate por la reforma del Ministerio Público, impulsada por Cambiemos y el PJ. La misma ordena desactivar las designaciones irregulares que se efectuaron durante la gestión de la procuradora.
En caso de obtener el visto bueno en la Comisión de Justicia del Senado, el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal no sólo limitará a cinco años el mandato del procurador general de la Nación, sino que también quedarían sin efecto las designaciones «a dedo» que hubo bajo la gestión de Alejandra Gils Carbó, quien renunció la semana pasada y dejará su cargo a partir del 31 de diciembre.
La iniciativa fue presentada por el senador Federico Pinedo, junto a su compañero de bloque Ángel Rozas (UCR) y los legisladores del bloque PJ-FPV Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. «Déjense sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.861, de Ingreso democrático e Igualitario a la Justicia», especifica un punto del artículo 23.
Dicha ley 26.861, que establece concursos públicos y abiertos para el ingreso de funcionarios y empleados al Poder Judicial y al MPF, fue promulgada por Cristina Fernández de Kirchner el 3 de junio de 2013, apenas diez meses después de que asumiera Gils Carbó.
El oficialismo pondrá la lupa en unos 1.500 nombramientos, de los cuales aseguran que más de mil serían irregulares. En el período 2012-2016 el total de empleados del Ministerio Público Fiscal pasó de 4.134 a 5.635, donde fueron nombrados a dedo alrededor de 600 funcionarios jerárquicos y 400 empleados.
